Mar para Bolivia

SILALA

Carlos D. Mesa G.

Chile, hay que reconocerlo, supera siempre con creces los límites que se le pueden exigir a un país y a su equipo diplomático para encarar su política exterior. La Demanda que acaba de presentar sobre las aguas del Silala ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), tiene elementos análogos a los términos de la tristemente célebre carta del embajador chileno en La Paz Abraham König en 1900. Si König se jactaba de que la victoria da derechos y decía con singular soltura que Chile se había apoderado del Litoral porque valía, porque de lo contrario no habría tenido interés alguno en quedarse con él, el ministro Heraldo Muñoz le dice a la comunidad internacional que su Demanda pide a la CIJ que declare si el Silala es un río (curso sucesivo de agua) o no, partiendo de la premisa de que sí lo es.

En consecuencia, asume que tiene derecho a usar esas aguas "de forma equitativa” de acuerdo al derecho internacional. Dado que Chile es beneficiario de esas aguas, sigue el notable razonamiento, Bolivia tiene la obligación de prevenir y controlar la contaminación y otras formas que "puedan perjudicar a Chile” como resultado del uso boliviano de esas aguas. Concluye afirmando que Bolivia debe "cooperar con Chile” para evitar medidas que puedan dañar esos recursos hídricos. 
 
 Chile sabe positivamente, porque fue el país que canalizó artificialmente las aguas del Silala, que de no haber esa canalización no habría tal curso sucesivo y en consecuencia que ni hubo ni hay río alguno. Chile sabe que no hay una sola cuenca que dé origen a uno o más ríos en la región, Chile sabe que de lo que se trata es de afloramientos de aguas fósiles (subterráneas) que han dado lugar a bofedales en la región y que esos afloramientos en ningún caso generan un curso sucesivo de aguas. 
 
Chile ha usado ilegalmente esas aguas a partir de un contrato específico del Estado boliviano con una empresa privada de ferrocarriles (1908) para la provisión de agua a las locomotoras a vapor que se usaron hasta 1961. Igual que en 1879, Chile convierte un asunto bilateral Estado-privados en una cuestión de Estado a Estado y, acciones bélicas aparte, le da una dimensión que saca de quicio la forma de resolución de la controversia.
 
Cuando en 1997 el prefecto de Potosí revocó la concesión de 1908 (a un privado), Chile, como en el siglo XIX con el salitre, expresó su protesta y generó el conflicto por la simple razón de que el uso arbitrario e ilegal de esas aguas sin pago alguno por ese servicio, genera una obligación económica importante y plantea un régimen de tratamiento de la cuestión completamente distinto al que hasta entonces se había hecho.
 
Es un contrasentido y una afrenta a la razón que la nación que ha usado y abusado de unas aguas que no le pertenecen sea la que inicie una demanda contra la nación afectada e incuestionable propietaria exclusiva de ese recurso.
 
No se requiere ser demasiado avezado en el tema para entender la estrategia de Chile. Avisado por Bolivia de que sería sujeto de una segunda Demanda, decidió tomar la oportunidad al vuelo y preparó la suya. Más allá de que queda claro que Bolivia tiene todos los instrumentos para ganar en estas controversia, Chile aparece como un país perjudicado por Bolivia y que también tiene exigencias que hacerle a nuestro país por "uso arbitrario de recursos compartidos”. Quiere obligar a Bolivia a ponerse a la defensiva y equipara a los ojos del mundo dos cuestiones jurídicas, intentando con ello diluir la fuerza y la atención exclusiva en la cuestión marítima.
 
Una coda imprescindible. El grado de cinismo de la diplomacia chilena es tal que, el mismo país que en el gobierno de Jorge Alessandri (1962) desvió arbitraria y unilateralmente las aguas del río Lauca (esté sí inequívocamente un río de curso sucesivo), se permite enjuiciar a Bolivia por el Silala. Chile desoyó sistemáticamente los reclamos bolivianos sobre el Lauca desde los años treinta del siglo pasado, desvió el curso de esas aguas y se negó siquiera a escuchar a Bolivia o establecer un diálogo que resolviera la flagrante vulneración que había hecho del derecho internacional. Esa situación pervive hasta hoy.
 
Mar, Lauca, Silala, Libre Tránsito, privatización de puertos, tarifas arbitrarias… supera todo lo que una relación bilateral entre dos vecinos puede tolerar. Y, claro, siempre hay una forma de disfrazar la realidad con la peregrina idea de que el tono de las palabras de un mandatario deteriora más una relación que la brutal sucesión de abusos y arbitrariedades por la vía de las armas o por la de la vulneración reiterada del derecho internacional.