Mar para Bolivia

El Silala: la punta del iceberg

Víctor Gutiérrez diputado nacional
www.paginasiete.bo


Un análisis sobre lo que ocurre más allá del Silala, donde grandes empresas mineras en territorio chileno tienen pretensiones sobre nuestros recursos hídricos.
 

Al otro lado del Silala se encuentra la Segunda Región de la República de Chile,  antigua provincia de Antofagasta, arrebatada a Bolivia con la invasión chilena de 1879. En esta región operan las empresas mineras estatales y privadas más importantes de la minería de Chile, tales como Chuquicamata, Radomiro Tomic, El Abra, La Escondida, Zaldívar, Mantos Blancos, Lomas Bayas y otras. En la misma vecindad, pero ubicada en la Primera Región, se encuentra la División de Collahuasi. Todas juntas producen   30.000 millones de dólares anuales.

Más allá  de la impotencia y desazón porque nuestro otrora territorio es  la fuente más importante de excedentes de la economía chilena; nos preocupa  que la continuación  de la minería al otro lado del Silala dependa de fuentes de agua en territorio boliviano. Y es que los conflictos con Chile en los últimos 70 años están vinculados al agua, como son los casos del río Lauca y el manantial del Silala.   
 

Las fuentes convencionales de agua de la minería chilena están exhaustas y las únicas opciones disponibles son: la desalinización de las aguas marina, y/o la obtención de agua del territorio boliviano. En ambos casos, las inversiones son cuantiosas; el agua boliviana es  la más conveniente. Algunos de los documentos a los que hemos tenido acceso señalan: "… estudios realizados por organizaciones privadas, en el departamento de Potosí en  Bolivia, a distancias no mayores de 40 kilómetros de la frontera, sostienen que existen cuantiosas fuentes subterráneas con agua de excelente calidad (...) las fuentes se encuentran en la ladera este de  los contrafuertes que conforman la frontera de Bolivia y Chile. Se emplazan en sectores con una cota que varía entre los 4.500 y 4.800 msnm sin la existencia de accidentes geográficos importantes, fácilmente accesibles desde la frontera por caminos existentes”.    
 
La demanda de agua en la Segunda Región es de 9.500 l/s, y la oferta apenas llega a 6.500 l/s, con un déficit de 3.000 l/s. Sin embargo, este déficit puede agravarse para Codelco  porque la fuente de suministro más importante, que es "ojos de San Pedro”, tiene crecientes restricciones establecidas por las autoridades ambientales de Chile. 
 
Si las aguas del Silala están dirigidas a las operaciones de Codelco (Chuquicamata- Radomiro Tomic), vía el afluente Inacalari, y el 10% de las ventas de dichas operaciones financian el presupuesto de las fuerzas armadas de Chile en virtud a "ley reservada del cobre”, para compras de equipos militares de la Fuerzas Armadas, podremos entender en parte el porqué de la base militar  "Patrulla Cariquima” a 16 kilómetros de la frontera boliviana, y de la demanda presentada sobre este tema por Chile ante la Corte Internacional de La Haya.
 
Las aguas del Silala sólo abastecen un 8% del consumo industrial de Codelco (160 litros/segundo), ya que el consumo de esas operaciones mineras promedian 2.000 litros/segundo; siendo las otras fuentes de suministro de agua  Ojos de San Pedro 1.200 l/s,  Fuentes Colana 50 l/s, Toconce 50 l/s  y Salado 540 l/s.
 
Por otra parte,  La Escondida, la operación más importante de la región, habría considerado cubrir su déficit de agua de 1.000 l/s   con una inversión cuantiosa, con extracción de agua  de Laguna Verde (Bolivia) a 4.600 msnm con la inversión de  170 millones de dólares, mediante tubería de 300 kilómetros hasta la Cordillera de Domeyko, a 3.200 msnm. 
 
Siguiendo esta línea, hay la denuncia de remoción del hito fronterizo 55 por la empresa Collahuasi y la perforación de pozos a cinco kilómetros dentro nuestro territorio; un tema que debe ser investigado. Otra fuente de agua que debe ser investigada es la vertiente de Sacaya, en el hito 42, a 4.140 msnm,  con un caudal de 500 l/s, el doble del caudal del Silala, sin que a la fecha se sepa de su destino.
 
Por otra parte, informaciones recientes avisan de la otorgación de concesiones mineras a lo largo de la frontera chilena a las mayores empresas mineras como Codelco, La Escondida y otras, aunque no se sabe  si es para prospectar minerales o situarse en las cercanías de las fuentes de agua en  Bolivia. 
 
Dispersión de políticas
 
 Sin duda, la mina San Cristóbal, en el sudoeste del territorio boliviano, es  un centinela valioso no sólo para la defensa de la soberanía, generando actividad económica, sino  promoviendo plantaciones de quinua en gran escala, en cooperación con las comunidades en su área de influencia. Esta es una demostración de interrelación virtuosa entre minería  y agricultura, que debe ser fomentada con políticas públicas  acertadas.
 
Sin embargo, los grupos ambientalistas, que hoy son grandes detractores de la minería del occidente, han objetado las operaciones de San Cristóbal, dizque por el consumo de grandes volúmenes de agua que agotarían  los reservorios en esa región semidesértica. Los mismos grupos ambientales son los mayores detractores del desarrollo minero en el país, como es el caso de los nuevos contratos mineros que hoy se encuentran paralizados por la actitud dispersa y dilatoria del Ministerio de Medio Ambiente.
 
La minería boliviana con decadente producción y un valor de ventas de  3.000 millones de dólares  es una miniatura comparada con los  30.000-40.000 millones de dólares que se cocinan al otro lado de la cordillera.  No debemos olvidar que grandes empresas inglesas de guano y salitre propiciaron la pérdida de nuestra costa marítima y de ingentes recursos naturales, que hoy son explotados en beneficio ajeno.
 
Es obvio que los bolivianos aspiramos a un desarrollo sostenible que preserve los recursos naturales para futuras generaciones, pero con políticas ambientales equilibradas, que no pongan en riesgo la soberanía del país. Es también obvio  que la sola agricultura no será por si sola un potente factor de desarrollo para el altiplano y la cordillera; por ello es importante establecer un triángulo virtuoso entre minería, agricultura y medio ambiente, para no seguir  expulsando población aceleradamente, como viene ocurriendo. Se impone en consecuencia una vigorosa política minera que promueva un desarrollo integral del occidente del país.
 
Hemos expuesto a grandes rasgos  lo que ocurre más allá del Silala, donde grandes empresas mineras en territorio chileno tienen pretensiones concretas sobre nuestros recursos hídricos. Como dije en artículos precedentes, seguimos como los perros del hortelano: la solución es obstruir y  prohibir en vez de normar, como es el caso de las autoridades ambientales, que junto a los arcaicos asesores de la minería  son los grandes escollos para la dotación de contratos mineros, que por más de tres años están congelados en las oficinas públicas.
 
De hecho, el agua y los recursos que no utilicemos para nuestras actividades mineras  serán utilizados el día de mañana  por otras empresas y otros países si no  impulsamos el fortalecimiento de nuestras fronteras vivas.