Mar para Bolivia

El caso de Bolivia ante La Haya

Almirante (sp) Jorge Botello Monje

El fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia puso fin a la disputa entre Chile y Perú, la decisión seguramente no satisfizo plenamente a ninguna de las partes pero debe ser cumplida obligatoriamente. Al margen de los resultados es innegable que la Corte cumplió cabalmente el propósito de preservar la paz.

Para los bolivianos sigue la demanda presentada ante el mismo tribunal, exigiendo a Chile cumplir su oferta de ceder una franja de costa soberana sobre el océano Pacifico, como solución a nuestro enclaustramiento.

Esta demanda originó comentarios diversos, quiero referirme a los planteados en Chile, especialmente por el ex canciller Gabriel Valdez, quien en una entrevista emitida por un canal de televisión de nuestro país, se calificó como amigo de Bolivia, esto me recordó eso de “Dios mío cuídame de mis amigos que de mis enemigos me cuido yo”

En la televisión chilena “nuestro amigo” dio a entender que la demanda boliviana no tiene base histórica y que lo ofrecido por su país no generaba ningún tipo de derecho, porque si alguien creía que le vendería su casa, eso no lo obligaba a hacerlo.

Con sus desafortunadas afirmaciones, pretende, como ha sido política permanente de Chile, confundir a sus mismos ciudadanos y, seguramente sin querer, aceptó que su país usaba las negociaciones para hacer creer que resolvería nuestro problema y no significaba nada más que una artimaña, una más de la “diplomacia” chilena, para “marear la perdiz”.

Habría que recordar que la actual situación se debe al incumplimiento, por parte de Chile, del tratado de 1874, según el cual todo desacuerdo sobre ese instrumento legal, debía ser sometido a arbitraje y no a una invasión, ¿será que confundieron arbitraje con ultraje? Por tanto la demanda se deriva de un hecho histórico.

La Comisión de Derecho Internacional de la CIJ, emitió nueve informes sobre los actos unilaterales de los estados, en ellos establecen que la oferta formulada por un estado, aunque no haya sido aceptada por el receptor, constituye un acto jurídico que genera derechos, así el séptimo, dice: “ la Corte dejó bien sentada su posición … al afirmar que un compromiso de esa naturaleza, si se asume públicamente y con la intención de obligarse, aunque no se lo haga en el contexto de negociaciones internacionales, es vinculante… para que la declaración entre en vigor no se necesita nada de la naturaleza de un quid pro quo, ni la aceptación posterior de la declaración, ni siquiera una respuesta o reacción de otros Estados…”.

En este contexto es substancial puntualizar y la corte debe de saber, que por muchísimo tiempo Bolivia ha tratado de solucionar el problema sobre la base de negociaciones y que estas han sido infructuosas por la insistencia chilena en dar largas al asunto, consecuentemente una decisión que obligue a resolverlo en un plazo prudente, será el mejor aporte para el arreglo de este diferendo que amenaza la pacífica convivencia en la región.

Por ello es importante para nuestro país probar que Chile ofertó una salida soberana al océano Pacifico, tal como ocurrió en múltiples oportunidades, con estos antecedentes la CIJ debería fallar en sentido de que Chile cumpla con lo ofertado en un plazo razonable, otra decisión sería ir contra su propia jurisprudencia y contra los principios de las NNUU, de propiciar arreglos pacíficos de las controversias entre estados.