Mar para Bolivia

ESTOICO AUTOENGAÑO

Dr. DAEN. Waldo Ronald Torres Armas
Abogado Constitucionalista
Torresarmas1@hotmail.com


¿Fue realmente un triunfo la admisión de la demanda en La Haya? La Corte dice que “no le corresponde predeterminar” el resultado de una eventual negociación por una salida soberana al Océano Pacífico” ¿No ha quedado reducida la pretensión del país? ¿Existe la opción de que aquella eventual negociación no incluya la soberanía? Como la CIJ ha “enfatizado” que la utilización en el juicio de los conceptos “acceso soberano” y “negociar acceso soberano” no deberían entenderse como una manifestación del tribunal sobre la “existencia, naturaleza o contenido de una obligación por parte de Chile para negociar y asumiendo que la Corte encontrare la existencia de una “obligación”, no será la Corte la que predetermine el resultado sobre cualquier negociación que pudiera tener lugar como consecuencia de dicha obligación, cuya forma, alcance y plazo para alcanzar soberanía es algo que tienen que negociar los dos países. Esto significa que, aun con un fallo favorable, la Corte no “entregara” soberanía y nuestra pretensión quedaría reducida a seguir negociando, lo que dependería de la voluntad de Chile, mientras sea más fuerte.

Delimitada la controversia por la CIJ, el caso girara en torno a identificar o descartar la existencia de un “momento histórico” en el que Chile habría quedado comprometido a negociar una salida soberana al mar. Este será el principal eje que marcará las siguientes etapas del juicio, tanto escritas como orales.
Las preguntas formuladas por los Jueces de La Haya establecen el verdadero objeto de la controversia. A la pregunta referida al ¿cuándo se concluyó un acuerdo? Bolivia detallo los diversos momentos en que, tanto antes como después de 1948, se iniciaron y desarrollaron negociaciones y acuerdos entre gobiernos, todos en representación de la soberanía estatal respectiva. No obstante, como todo Tratado puede modificarse solo con la intervención de ambas partes, ninguno de los acuerdos ni compromisos concluyo. Pero no se necesita concluirlos para crear derechos. Bolivia se apoyó en lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas y enque toda manifestación de voluntad, acuerdo o compromiso genera obligaciones para quien las formula. Omitió referirse sin embargo, a la existencia de jurisprudencia de la propia Corte de que los simples indicios o principios de evidencia, los llamados “acuerdos tácitos” entre Estados, son fuente reconocida de Derecho Internacional, como cuando resolvió los litigios entre Colombia y Nicaragua y entre Chile y Perú.
Negociar crea implícitamente una promesa de conclusión del acuerdo. Los compromisos crean jurisdicción, y estos son los motivos precisamente, por los que Bolivia concurre a La Haya pidiendo que Chile cumpla el principio de “Pactum de contrahendo”; esto es, su obligación de negociar hasta concluir con el resultado predeterminado de permitir una salida soberana al océano Pacífico. Con respecto a la pregunta ¿Que significa acceso soberano al mar? Soberanía significa la posesión y dominio bajo el principio “tierra domina el mar” que ejerce un Estado sobre un territorio, con independencia de otros y dentro de cuyos límites rige una legislación propia. Bolivia no pide expresamente la revisión del Tratado de 1904, y así lo ha entendido la Corte, pero la esencia de la demanda desafía ese documento, contesta su contenido, y obligaría a alterar los límites que establece, única forma de obtener soberanía.

Bolivia tiene como demostrar varios momentos históricos en el que se generaron esa obligación. La delegación boliviana no lo hizo con claridad cuando tuvo la oportunidad en los alegatos orales, por eso el juez Greenwood realizó la consulta a Bolivia: “¿En qué fecha mantiene Bolivia que se concluyó un acuerdo respecto de la negociación relativa al acceso soberano?”. Bolivia debe enfatizar especialmente el acuerdo formal resultado de la negociación de Charaña entre 1975 y 1976 reconocido y admitido por Chile y conducidas por los Presidentes de ambos países para otorgar a Bolivia un corredor soberano al océano Pacífico por el norte de Arica, a cambio de un canje territorial, el que paradójicamente no fue frustrado por Chile sino por el Perú, cuando propuso una zona de soberanía compartida y que Bolivia rechazo.
Bolivia, tiene además, numerosos documentos y manifestaciones unilaterales que hizo chile en pos de resolver el problema marítimo boliviano (1921, 1926 y 1961), que se suman a varios compromisos bilaterales (1920, 1923, 1950 y 1975) y multilaterales (1974 y 1983), que si bien no son obligaciones convencionales como las que emanan de un tratado, fueron manifestaciones de buena fe por parte de Chile.

La Corte no se ampara únicamente en el derecho como lo concibe Chile. El Derecho Internacional no solo juzga hechos jurídicos constituidos, es decir consagrados en el Derecho Internacional, sino también los actos unilaterales de los Estados que hoy son fuente reconocida del DDII, y más los actos, compromisos y declaraciones “bilaterales” a los cuales se los considera vinculantes. La Corte toma en cuenta criterios de “equidad” y sus deliberaciones se basan también en consideraciones políticas. Si aprecia que Bolivia presenta una situación inequitativa de enclaustramiento, la Corte resolverá la controversia en consecuencia. Dependerá de la rigurosidad jurídica y solidez de la argumentación nacional.
Chile, en su Contramemoria, niega consentimiento respecto a su obligatoriedad con Bolivia, dice que los ofrecimientos de darnos una salida soberana al mar, no son fuente de derecho ni menos una obligación, porque “ninguno de ellos fue ratificado ni mucho menos entró en vigor y que El Gobierno de Bolivia confunde una aspiración con un derecho. Argumenta además, que la demanda no es sobre si Bolivia tiene o no un derecho de acceso soberano al mar, sino que se trata sobre si existe o no una obligación contraída por Chile para negociar un acceso soberano al mar y si Chile ha incumplido esta obligación. Insiste en que Bolivia pide en forma encubierta la alteración de los límites fronterizos establecidos, amenazando a la estabilidad de su frontera con Perú; se ampara en principios esenciales del derecho internacional como la inviolabilidad de los tratados y la estabilidad de las fronteras. Procura demostrar al Tribunal, que Chile siempre ha estado abierto al diálogo y que si bien las negociaciones entre ambos países han existido, siempre han fracasado por culpa de Bolivia; Reitera que Bolivia goza del más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico.

¿Por qué Bolivia no demando directamente la aplicación del Tratado de Arbitraje Complementario de 1907 que establece mecanismos de resolución de conflictos provenientes del Tratado de 1904? Entendiendo que la demanda boliviana apela a los actos unilaterales post 1904, la vía debería ser, en caso de argumentarse incumplimiento, la que establece el derecho de recurrir a la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya de conformidad con el artículo XII del Tratado de Paz y Amistad de 20 de octubre 1904 y el Protocolo de 16 de abril de 1907. El error fue saltarse el propio Tratado, pues los diferendos que surjan en torno a él están sometidos a un arbitraje.
Y ¿después de la Haya qué? Aun si la demanda tuviere un Fallo positivo final improbable, en el que la CIJ obligue a Chile a ceder soberanía, sería sometido al único titular de la soberanía chilena: el pueblo, pues ningún gobierno chileno se arriesgara a decidir solo. El interrogante estratégico es: Si un hipotético referéndum chileno al respecto lo aprobara ¿Aceptaría el pueblo boliviano las condiciones y compensaciones que exigirá? Y si lo rechazara ¿Podrá el Consejo de Seguridad la ONU obligar a Chile a entregarnos una salida “soberana” al mar? Recordemos que existen numerosos países que no han acatado los Fallos de la Corte, porque saben que el Consejo de Seguridad tiene mecanismos de presión, pero no de coacción.

Por otra parte, Bolivia prescinde del Perú en la solución del conflicto porque presupone que aceptara lo que decidan Chile y Bolivia. Confiar que el Perú no será un obstáculo a la aspiración de salida al mar de Bolivia no significa que tendrá, necesariamente, una opinión favorable si Chile acuerda ceder territorio que antes fue peruano. Chile está obligado a negociar un acuerdo previo con el Perú. No es un tema de nacionalismo, son simplemente intereses.
Si la salida soberana de Bolivia se negociara por Arica, alteraría los límites peruano-chilenos consagrados en el Tratado de 1929, así como los límites marítimos establecidos en la sentencia de la CIJ del 2012. Ante la hipótesis de que Chile y Bolivia lleguen, antes o después de la sentencia de La Haya, a diseñar un corredor por Arica, al no haber quedado definida la soberanía chilena-peruana con la resolución de su litigio en La Haya sobre el “triángulo terrestre”, la línea marítima “quebrada” establecida por la Corte frente a las costas de Perú y Chile hace que una salida al mar para Bolivia por esa zona se convierta en una idea tan complicada, que es difícil siquiera imaginarla. Forzar la cesión de un corredor soberano entre Arica y Tacna, pondría fin a su vecindad y arruinaría la profunda integración económica y social que hoy les beneficia. Tacna y Arica constituyen ya una unidad geoeconómica que en los últimos años han acentuado su interconexión. Esa dinámica, tan difícilmente lograda ¿se pondría en riesgo por satisfacer la necesidad de un tercer Estado en la zona? Dejar de tener frontera común no es algo que les conviene, por motivos que van desde lo geopolítico hasta lo comercial. Luego, sería irónico que Bolivia recuperara territorio perdido en la guerra del Pacífico y el Perú no.
Si la hipótesis del corredor con soberanía acordada es a través de la actual frontera entre Chile y Perú ¿porque no se trilateraliza la solución? ¿Porque se prescinde del Perú? ¿Porque presionamos a Chile a que unilateralmente ignore el Tratado de 1929? Aun si el Perú tuviera que admitir y aceptar la cesión de un territorio que antes fue peruano, Bolivia haría bien en involucrarlo ya que tarde o temprano tendrá voz en este asunto. Como nunca se consultó al Perú si quiere un corredor para Bolivia en su frontera, debemos estar preparados para que vuelva a empantanar las perspectivas de una solución. Perú nos cedió el “despreciado” puerto de Ilo, y ahí termina susolidaridad. Además, un corredor al mar a través de territorios que pertenecieron al Perú, podría motivar el pedido de una compensación a Bolivia. Morales y la Cancillería no comprenden que el fallo del litigio chileno-peruano afecto las pretensiones de Bolivia para salir por Arica y que Perú construyó paciente y delicadamente el caso de la delimitación marítima con Chile no tanto para ganar soberanía oceánica, sino para bloquear de una manera casi definitiva la posibilidad de un corredor territorial al norte de Arica.

Nos esperan años de un proceso caro para terminar donde comenzamos. Quien piensa que la reivindicación está por venir de la mano “amiga” de la CIJ, vive en una ficción. La Corte deberá pronunciarse y conoceremos un veredicto que, guste o no, será profundamente político. El derecho lo es en esencia. Aun con un fallo favorable, sin el consentimiento de Chile, no tendremos jamás soberanía marítima. Las reivindicaciones históricas no se imponen jurídicamente, se provocan o se negocian de Estado a Estado, sobre todo si uno de ellos es más fuerte.
Como el gobierno prefirió pedir a Chile prolongar el diálogo de sordos, existe la opción de que una eventual negociación no finalice satisfactoriamente para el país. Bolivia tiene muy poco que ganar en lo esencial, lo único que hemos logrado es iniciar el proceso en La Haya en un contexto de euforia estéril. Así parece que recién lo entienden, pues el gobierno está ahora empeñado en sentar a Chile en la mesa de negociaciones antes de conocerse el Fallo final, sin darse cuenta que muestran debilidad argumental y hacen una cesión de voluntad en favor de Chile.

Es urgente abordar el problema desde otras perspectivas; Primero, Ante el incumplimiento por parte de los Estados miembros del articulo N°. 2 de la Carta de la OEA y de la Resolución de 1979 de este mismo organismo, que multilateraliza el asunto, debería provocar la “Denuncia de la Carta de la OEA” por parte de Bolivia, como precedente de la indolencia internacional frente a un conflicto que amenaza la paz regional. En su carta fundacional la OEA establece que sus objetivos son fomentar la paz, la justicia y la solidaridad, tres principios ignorados cuando se trata de Bolivia y de los que prescinde el régimen chileno, caracterizado por un injustificado lenguaje belicista, una concepción de las relaciones bilaterales en términos de confrontación y una falta de respeto a las reglas del derecho internacional. Como las resoluciones de la OEA no son vinculantes, es incapaz de hacer cumplir sus propias resoluciones y menos aún nos defenderá en “casus belli”.La OEA mantiene nuestra “marginalidad” porque es puro poema discursivo, pero nuestra salida causaría un impacto internacional necesario para forzar una solución. Segundo, apelar a la “buena voluntad” de Chile y del Perú. Para esto necesitamos lobby que llegue al corazón de los chilenos y peruanos. Informar a la CIJ, al mundo y a los propios chilenos y peruanos que Chile logro el financiamiento de su progreso gracias a la explotación del guano y salitre, más la explotación del cobre de Chuquicamata, mina ubicada en territorio expoliado, de la que solo durante la gestión 2012 lograron obtener 42.000 millones de dólares, y que estas solas consideraciones justifican nuestra reivindicación marítima; Tercero, Ante la admisión de la demanda por parte de un organismo internacional como es la CIJ y la imprescindible participación peruana en una eventual solución, queda destruida la tesis chilena de que el problema marítimo boliviano es bilateral. Desvirtuado el argumento, una de las posibilidades de lograr el objetivo pasa por enfatizar en la internacionalización del conflicto, para esto se requiere voluntad política de algunos de los países que pesan en los órganos de decisión mundial, pero con un gobierno aislado internacionalmente no tenemos aliados en el Consejo de Seguridad de la ONU., por lo que es necesario invocar la solidaridad internacional en todo ámbito multilateral; el objetivo es forzar la mediación internacional para resolver ¨el contencioso¨ presionando a Chile con efecto demoledor. Cuarto, Participar en todo proceso de integración regional y subregional, como mecanismos comerciales pero también de presión política y de diálogo. Quinto, involucrar al Perú. Si el objetivo real de la demanda está en Arica, mucho alegato podría ahorrarse si los tres países actuaran con transparencia admitiendo y permitiendo una solución. Sexto, Ante la complejidad de la solución vía Arica ¿Nuestro esfuerzo no debería centrarse en negociar un enclave sobre territorio que fue boliviano? ¿Remoto? No, si somos creativos. No se requiere consultar a Perú si por ejemplo el enclave estaría en el área de Mejillones, tampoco se rompería la continuación geográfica de Chile si se delimitan los corredores aéreos y si la carretera y línea férrea requeridos por Bolivia para acceder al pacifico, son construidos sobre pasos a nivel sobre las carreteras chilenas allí donde se crucen.

Pero, en la perspectiva del futuro ¿Qué sentido tiene continuar con el trauma psíquico? Si los Gobiernos Chilenos dicen que “nunca” negociarán con Bolivia una solución que suponga la cesión de soberanía o que parta su territorio, de nada sirve exponer nuestras sólidas razones de derecho histórico ante un tribunal internacional que ratificara la necesidad de dialogo es aras de solucionar, vía bilateralismo ficticio, un conflicto que terminara dentro del marco del trilateralismo. Bolivia debe terminar con su estoico autoengaño, tiene que elegir entre continuar con el diálogo infructuoso o ser pragmático ¿Tiene algún sentido el esfuerzo y el tiempo que demandara una hipotética negociación para obtener algo que ya tenemos en IIo, y sin condicionamientos ni compensaciones? ¿Para qué perder más tiempo? Tomemos lo que tenemos a mano. Sin que signifique renunciar a nuestro derecho histórico a la reintegración marítima vía territorio chileno, el Perú nos tiende el puente para acabar con la pobreza y la barbarización. En lugar de invertir en la construcción de un puerto propio en Chile, al que estaríamos obligados ¿Por qué no lo edificamos en Ilo? esa es la prioridad de una real política de Estado, su importancia geopolítica para nuestro desarrollo económico social no deja dudas.